A los taxistas se les pide que cumplan con exámenes antidoping, tramiten su tarjetón, tengan su licencia de manejo para transporte público. También cuenten con un seguro especial contra accidentes y paguen concesiones, permisos y tenencias. Pero a los transportes de plataforma como InDrive las autoridades les permiten trabajar fuera de la ley. Esto fue señalado por Javier Hernández del Ángel, secretario general de los taxistas de CTM de la federación en la Región Centro de Coahuila.
El representante obrero dijo que en la base que él representa, no trabaja ningún chofer o concesionario que no cumpla con todo. También hay requisitos estipulados por la organización. Hernández del Ángel cuestionó la falta de seguridad para los pasajeros de los servicios de transporte de plataforma. Estos operan sin seguro de accidentes y sin la verificación de sus conductores.
Además, subrayó la preocupación por la seguridad de los pasajeros, ya que no se sabe quiénes son los operadores de plataforma. Nadie sabe qué tipo de historial tienen. Esta falta de control y regulación representa una violación notoria a las leyes. A estos se suma la evasión al pago de impuestos, permisos y derechos al Estado y a los municipios.
Hernández del Ángel enfatizó que esta situación pone en riesgo la seguridad de los usuarios, quienes no tienen la garantía de un servicio regulado y seguro. La disparidad en la aplicación de la ley entre taxistas y choferes de plataformas crea una competencia desleal y una falta de confianza en el sistema de transporte público.
El secretario general de los taxistas de CTM hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas más estrictas y se haga cumplir la ley de manera equitativa. La seguridad y el bienestar de los pasajeros deben ser una prioridad, y es necesario que todos los conductores de transporte público, incluidos los de plataformas, cumplan con las mismas regulaciones y requisitos.
La Federación de Taxistas de la Región Centro de Coahuila continuará luchando por una regulación justa y equitativa en el sector del transporte público. La igualdad en la aplicación de la ley es esencial para garantizar la seguridad y confianza de todos los usuarios de transporte en la región.
