Con el cambio del Fiscal General del Estado en octubre, sería recomendable reemplazar a los Ministerios Públicos, así como a los delegados y funcionarios de nivel medio y alto de la dependencia en las cinco regiones de la entidad.
Así lo consideró y recomendó el Foro de Abogados de Monclova, en voz de su representante, Miguel Ángel Reyna Adam.
El abogado señaló que existen numerosos vicios que fomentan la corrupción en las agencias del ministerio público, al menos en la región Centro.
Mencionó que el cambio de Fiscal General del Estado se llevará a cabo cuando finalice el ciclo del actual titular, Gerardo Márquez Guevara.
Reyna Adam sugirió que también se hagan cambios en los representantes sociales nombrados como ministerios públicos, sobre todo en las encargadas de investigar delitos de alto impacto.
Explicó que, según la interpretación de algunos representantes sociales, el procedimiento abreviado en los juicios es otorgado exclusivamente por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Hay corrupción en ministerios públicos: Reyna Adam
Este esquema, que acorta los juicios mediante el reconocimiento del imputado del delito, es un beneficio tanto para este como para la víctima, ya que permite una resolución más rápida y la reparación del daño.
Sin embargo, subrayó que solo el ministerio público puede autorizar este sistema, lo que consideró una irregularidad.
Denunció que en algunos casos, los agentes del ministerio público han solicitado dinero al victimario para otorgarle el beneficio del procedimiento abreviado.
Añadió que se han presentado otras acciones de corrupción de manera regular, por lo que es necesario remover a los actuales funcionarios de la Fiscalía General del Estado e investigarlos.
Reyna Adam explicó que no es necesario esperar denuncias, ya que el ministerio público es quien las recibe y, en muchos casos, las frena.
Indicó que se pueden iniciar investigaciones basadas en el patrimonio de los representantes sociales. El enriquecimiento inexplicable es un delito que puede comprobarse de manera rápida.
Con esto, se podría proceder contra los malos funcionarios sin poner en riesgo a las víctimas, concluyó el vocero del Foro de Abogados.
