Controversia por clausuras de los ranchos y pozos de agua en los valles de El Hundido y Calaveras en la zona rural del municipio de Cuatro Ciénegas. Podría dejar sin sustento a unas 95 familias campesinas. Pero de manera paralela ejidatarios celebran lo ocurrido.
Las clausuras generaron preocupación entre los productores agrícolas. La acción fue llevada a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Desplegó un operativo con la Guardia Nacional y afectó los predios Beta Santa Mónica y Rancho La Herradura.
Campesinos de los ejidos Tanque Nuevo y Santa Teresa de Sofía quedaron sorprendidas por la presencia de las autoridades.
La clausura de los pozos podría dejar sin sustento económico a más de 40 familias empleadas por Beta Santa Mónica. En Rancho La Herradura, otras 45 también podrían verse afectadas por el cierre de los pozos.
En El Hundido, se atribuyó la clausura a sobreexplotación de agua y falta de registro de los pozos ante Conagua. Esta dependencia que no participó en la movilización.
En el Valle de Calaveras, la clausura se debió a la presunta contaminación de un pozo, lo que fue considerado como pretexto. Según una fuente, la cantidad de aceite usado para lubricar el equipo no justificaría la clausura, lo que ha generado descontento.
Ejidatarios señalaron que el cierre de los pozos podría desencadenar un problema social y económico de grandes dimensiones. Los sembradíos colapsarían sin agua, afectando a los productores y a los trabajadores agrícolas.
El Regidor de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, Catarino Rodríguez Godina, expresó su preocupación los hechos. Expuso que el municipio no fue por las autoridades federales. Consideró que las clausuras también afectarán a los ejidos que no tengan sus pozos en regla.
Gobierno del Estado interviene
Productores rurales informaron que sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado. La dependencia facilitó por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas un abogado experto en materia agropecuaria para investigar el caso.
El asesor legal descartó promover un amparo como primera medida, porque aún no se tiene un saldo de daños por el cierre de ranchos y pozos. Analizará los procedimientos realizados por las autoridades federales y sus fundamentos, para proceder.
Controversia por clausuras
Por otro lado campesinos de Tanque Nuevo consideraron positiva la acción del gobierno federal contra los productores particulares.
Alejandro Olguín Vallejo, presidente del Comité de Vigilancia y Justicia de la comunidad rural, expresó que tras 20 años de lucha, finalmente se hizo justicia. A pesar de haber sufrido amenazas y vejaciones, considera que la lucha ha valido la pena.
Olguín Vallejo recordó cómo los empresarios laguneros comenzaron a invertir en la región hace dos décadas. Los ejidatarios les vendieron 350 hectáreas, pero luego se sintieron traicionados. Los empresarios, afirmaron los comuneros, se apoderaron de seis pozos concesionados al ejido.
Los pozos clausurados tienen entre seis y doce pulgadas de diámetro y estaban autorizados por Conagua para extraer más de un millón de metros cúbicos. Beta Santa Mónica también se apoderó de cuatro mil 265 hectáreas, lo que agravó el conflicto, indicó.
Los habitantes de Tanque Nuevo están a la espera de cómo se desarrollarán los acontecimientos. Los trabajadores continúan presentándose a laborar, aunque la maquinaria agrícola y los pozos están clausurados.
Alejandro Olguín Vallejo expresó su satisfacción por ver resultados tras 20 años de lucha. Mientras que unas 95 trabajadores esperan el desenlace de la situación. Quieren saber si perderán o no sus empleos, fuente de ingresos para el sostenimiento de sus familias.
