El representante legal de la empresa Diseñadores de Ingeniería y Construcción del Noreste S.A. (DICONSA), el abogado Mario Antonio Limón Regalado, denunció presuntas irregularidades en un contrato de compraventa celebrado en 2021, durante una rueda de prensa celebrada en Monclova, Coahuila.
Limón Regalado explicó que el 10 de septiembre de 2021, DICONSA suscribió un contrato privado de compraventa con María Esperanza Ramos Dávila, relacionado con un inmueble ubicado en la calle Washington, colonia Guadalupe, en Monclova.
Quién es Antonio Ballesteros
Ramos Dávila es esposa del empresario y político Antonio Ballesteros Verduzco, ex presidente de Canacintra que ha sido candidato a diversos puestos de elección popular por diferentes partidos políticos.
La propiedad fue adquirida por un valor pactado de 8.9 millones de pesos, con un anticipo y 18 mensualidades de 350 mil pesos cada una.
El abogado detalló que el contrato fue formalizado ante el notario público Julián Márquez Abundis, sin la supervisión de los representantes legales principales de DICONSA. Según Limón Regalado, este hecho derivó en una serie de irregularidades que afectan la validez del acuerdo.
Inmueble protegido por patrimonio familiar
Una de las principales anomalías señaladas es que el inmueble en cuestión estaba inscrito bajo el régimen de patrimonio familiar, lo que lo hace inalienable e imprescriptible según la legislación civil del estado de Coahuila. “Un bien protegido como patrimonio familiar está fuera del comercio, lo que imposibilita su venta o transferencia. Esto no fue informado al representante legal que firmó el contrato, Oscar Eduardo Leobardo Fuentes Rivas”, subrayó el abogado.
Limón Regalado afirmó que, pese a que el notario y la vendedora estaban al tanto de esta situación, no se comunicó adecuadamente al firmante del contrato. “Esta falta de información constituye una grave omisión, ya que ni el notario ni la parte vendedora advirtieron que el inmueble no podía ser vendido debido a su situación jurídica”, señaló.
Responsabilidad en las irregularidades
El representante de DICONSA sostuvo que, de haber estado presentes en el proceso los principales asesores legales de la empresa, este contrato no habría sido celebrado en las condiciones descritas. “De haberse notificado oportunamente la condición jurídica del inmueble, hubiéramos prevenido a nuestro representante legal de formalizar un acuerdo que desde un principio era inválido por su naturaleza jurídica”, puntualizó.
Además, destacó que la situación fue agravada por la falta de diligencia en los actos notariales. “El contrato privado no era el instrumento adecuado debido a la cuantía del inmueble, y menos cuando existía una restricción legal tan clara como el régimen de patrimonio familiar”, explicó Limón Regalado.
Acciones legales en curso
La empresa ha decidido llevar el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila y el Centro de Justicia Penal en Monclova, buscando que se aclaren las responsabilidades de cada parte involucrada. Limón Regalado aseguró que se presentarán todas las pruebas necesarias para demostrar las irregularidades cometidas en la operación.
“Estamos comprometidos en defender los intereses de DICONSA y en esclarecer este caso que no solo afecta a nuestra empresa, sino que pone de manifiesto posibles fallas en los procesos legales que deben proteger a todos los ciudadanos”, concluyó.
La empresa señaló que continuará informando sobre los avances del caso mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
