Una mujer cuyo hijo fue sentenciado a 80 años de prisión, afirmó que le dio 280 mil pesos al Ministerio Público porque demostraría su inocencia en el juicio.
Rosa Elena Murado Andrade señaló que el representante social le dijo que creía que su hijo era inocente, pero que no podía dejarlo en libertad.
La mujer afirmó que el funcionario se comprometió a arreglar la situación para que lo declararan inocente a cambio del dinero.
Dijo que tiene grabaciones de pláticas que tuvo con el agente. Sostiene que en estas puede demostrar la negociación.
El Ministerio Público Édgar Abdel Garza Lozano, le dijo que el dinero que pedía no era para él.
Sostuvo que lo distribuiría entre sus superiores y personal del poder judicial y las abogadas defensoras de oficio.
Explicó que su estrategia sería decir los errores y deficiencias de la causa penal a las abogadas de oficio. Le indicó que cancelara el contrato que tenía con defensores de paga.
Con esa información y las inconsistencias en las declaraciones, lograría obtener una sentencia absolutoria para su hijo, el cual no estuvo presente en los hechos ni conocía a la víctima o a los victimarios, indicó la denunciante.
Su primera Abogado fue Victor Castillo, quien canceló para contratar abogadas de la defensoría de oficio, por instrucciones de Garza Lozano, indicó la mujer.
Agregó que Castillo previamente le pidió 80 mil pesos para dárselos al Ministerio Público.
Dijo que luego su abogado y Edgar Abdiel pelearon y el trato quedó en nada y perdió esa cantidad de dinero.
Sostuvo que una abogada de oficio identificada sólo como Susana, enviada por el MP, se acercó a ella para decirle que podía arreglar la situación con el funcionario de la Fiscalía General del Estado.
Afirmó que la reunió con él y le entregó personalmente 200 mil pesos, pues según el funcionario, había elementos para declarar inocente a su hijo, porque, señaló, no participó ni en el secuestro ni en el homicidio de la víctima.
Expuso que con video y testigos demostró que su hijo se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos.
Agregó que con testimonios desmintió la persecución y la forma en la que según el informe policial homologado (IPH) se realizó la detención, sin embargo no aceptó el juzgado esto.
Dijo que el Ministerio Público le indicó que cancelara a su abogado y tomaran abogadas de oficio que él controla para manejar la defensa.
Agregó que ningún abogado quiere tomar el caso para apelar la sentencia. Los que aceptan le piden de 70 hasta 480 mil pesos.
