En Monclova continúan operando anexos clandestinos sin supervisión sanitaria, confirmó María del Refugio Gaytán Sánchez, líder de colonos y gestora social del oriente.
Estos centros funcionan dentro de viviendas particulares sin permisos. Se denuncian abusos físicos, encierros forzados y hasta muertes, sin acciones legales contra sus responsables.
Autoridades clausuraron el centro “Sanaré”, propiedad del estilista Adolfo Zamora, tras una denuncia pública por agresiones. El responsable permanece prófugo y el caso sigue impune, sostuvo la mujer.
Los anexos clandestinos, también llamados “de puerta cerrada”, no cuentan con personal médico ni instalaciones adecuadas, violando derechos humanos de los internos.
María del Refugio Gaytán señaló que las quejas ciudadanas no reciben seguimiento. “Hay omisiones que protegen a los responsables y vulneran a los enfermos”, declaró.
Siguen operando anexos clandestinos en Monclova sin regulación oficial
En 2021 murió un joven dentro de un centro de rehabilitación. Aunque se denunció abuso físico, el lugar no fue clausurado ni hubo sanción contra sus operadores.
En 2023, otro interno falleció por complicaciones médicas no atendidas. El expediente se mantiene abierto, sin responsables detenidos hasta la fecha.
A pesar de los antecedentes, las autoridades no han frenado la operación de centros irregulares. Sólo tres anexos en Coahuila cumplen con normativas oficiales.
Las reglas obligan a contar con personal médico y psicológico, instalaciones divididas por género, atención continua y seguimiento profesional.
Centros detectados en Monclova como irregulares incluyen:
“Casa de Oración”, ubicada en calle 40, colonia 21 de Marzo, propiedad de Cristhian Moreno; “Nueva Vida”, en calle Múzquiz esquina con bulevar San José, colonia Santa Bárbara, operado por Daniel Campos; “CREA”, localizado en avenida Montessori, propiedad de Rodolfo Zamora; “Un paso a la vez”, en colonia Independencia, dirigido por Karina Cuéllar; Un anexo en calle Venecia, zona centro, que fue clausurado tras denuncias vecinales por operar sin permisos y en condiciones insalubres; Otro centro en el oriente de la ciudad, reabierto por personas con antecedentes de violencia y sin los permisos necesarios.
Ex internos y familiares narran tortura física, aislamiento y prohibición de visitas. Tampoco se realiza diagnóstico médico antes del internamiento.
Organizaciones civiles han señalado que estos espacios representan un riesgo para la integridad física y emocional de quienes buscan ayuda para sus adicciones.
Las inspecciones son nulas, los vacíos legales persisten y hay sospechas de corrupción. Estas condiciones impiden el cierre definitivo de los anexos denunciados.
La gestora social exigió a las autoridades aplicar la ley. “No pueden seguir permitiendo que se dañe a personas vulnerables con total impunidad”, afirmó.
Mientras tanto, decenas de personas siguen siendo internadas a la fuerza. La operación de anexos clandestinos continúa sin consecuencias legales visibles.
